El sector inmobiliario español se ha convertido en un puzzle de difícil encaje. Sus piezas —que van desde un acceso a la vivienda hasta la falta de suelo para hacer los hogares que el país demanda — alimentan serios debates sobre los modelos urbanísticos a seguir, las políticas públicas a aplicar y la garantía de derechos sociales a defender para quienes buscan un techo digno en un contexto de precios al alza y una oferta limitada.
