Carteles de protesta en la puerta de una finca del barrio de El Pópulo de Cádiz, en el verano de 2024, por un desahucio que se consiguió parar en un inmueble que se rehabilitó con fondos públicos en los años 90, en el punto álgido de los asustaviejas y la infravivienda.

Uno de esos primeros días de verano en los que la calle Pericón de Cádiz se convierte en un reguero de sillas y sombrillas camino de la popular playa de La Caleta, Manuela Pérez Sánchez recibió a unos supuestos técnicos que precintaron zonas de su casa y le advirtieron de que estaba “en ruinas”. Con el cuerpo hecho a lo peor, apareció el propietario del inmueble y le ofreció cambiar ese contrato de renta antigua por uno nuevo de cinco años en otro sitio. Manuela firmó, pero a las pocas semanas otros técnicos municipales, estos sí, de verdad, tocaron a su puerta. Su casa estaba mal, pero no tanto, y ella, según le advirtieron, había sido víctima de unos “asustaviejas”.

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