La preocupación por el impacto de los centros de datos en la factura eléctrica ha aterrizado en cifras concretas. Un estudio calcula que, si el Gobierno no aprueba el decreto que condiciona la conexión de estas instalaciones a la red eléctrica al uso de energías renovables, los consumidores podrían pagar unos 2.000 millones de euros más al año. Es una simulación, pero conviene tenerla presente ante las presiones de las grandes tecnológicas, agrupadas en Spain DC, que consideran excesivas las exigencias y advierten de una posible fuga de inversiones.
