La tributación sobre la riqueza en España ha dado un giro inédito en los últimos años. Durante más de una década, las competencias autonómicas en el impuesto sobre el patrimonio dejaron un escenario territorial muy dispar, con la Comunidad de Madrid como gran polo de atracción de las fortunas más altas gracias a una bonificación autonómica del 100%. Sin embargo, la intervención del Gobierno central a finales de 2022, mediante la creación del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, fijó un suelo tributario estatal para frenar esa carrera a la baja entre territorios. Un estudio publicado este martes por el World Inequality Lab revela que el plan ha cumplido el propósito inicial de neutralizar la movilidad de los altos patrimonios entre autonomías. La otra cara de la moneda es un aumento de la ingeniería fiscal. Es decir, los ricos ya no se mudan a territorios de baja fiscalidad, pero rediseñan su patrimonio para aprovechar al máximo las exenciones que permite la ley.