Como la soberanía nacional, residenciada en el Congreso de los Diputados, ha sido secuestrada por una oligarquía rentista nacional e internacional, el Gobierno justifica una huelga general de clase y la reconfiguración de un “poder popular”, que enfrenta al Parlamento con “la calle”, para retorcer la voluntad democrática recurriendo a una Diputación Permanente del Congreso donde dicho secuestro no ha llegado por un solo voto.
