Acceder a la justicia no siempre empieza en un juzgado. Para miles de personas vulnerables, los obstáculos aparecen mucho antes: una notificación que nunca llega, una cita previa imposible de conseguir, un trámite digital que no saben completar o una documentación que no pueden aportar porque viven en una situación de inestabilidad. Lo que para cualquier ciudadano puede ser un proceso complejo, para quienes están marcados por la edad, la discapacidad, la pobreza o la exclusión social acaba convirtiéndose en una barrera casi infranqueable.
¿Un problema legislativo?
La justicia no siempre basta para cubrir todas las situaciones de vulnerabilidad. “Es importante conocer los límites y alcances de los mecanismos de protección existentes”, señala Blanca Narváez, directora de Fundación Mutualidad. La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita permite acceder a servicios como el asesoramiento previo, la defensa y representación por abogado y procurador, la asistencia letrada al detenido… Sin embargo, añade, “existen circunstancias de vulnerabilidad que no siempre encajan plenamente en los supuestos previstos por la normativa”. Formar al colectivo jurídico es clave para detectar estos casos.