Hay leyes que, por su impacto en la vida de las personas, trascienden el ámbito estrictamente jurídico y pasan a formar parte del debate público; y la Ley de la Segunda Oportunidad es una de ellas. Que cada vez más ciudadanos conozcan esta herramienta es, sin duda, una buena noticia. Sin embargo, ese mayor conocimiento no debería traducirse en la mercantilización de una norma concebida con una finalidad eminentemente social. Desdibujar los principios que inspiran su aplicación no solo pone en riesgo su eficacia, sino que puede acabar perjudicando precisamente a quienes pretende proteger: los propios consumidores.