España arrastra desde hace más de dos décadas un grave problema de abuso de la temporalidad en el sector público. Aproximadamente uno de cada tres empleados públicos es temporal. Un situación que no se ha corregido lo suficiente con el paso de los años y que ha costado a los distintos Gobiernos varias amonestaciones de Bruselas y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Actualmente, el Ejecutivo mantiene varios frentes abiertos con la Comisión Europea por este motivo. Por ello, el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, que dirige Óscar López, ha realizado un análisis de las plantillas públicas y acota el abuso de temporalidad a menos de 200.000 trabajadores, que son los que llevan más de tres años en esa situación, entre los más de 900.000 que aproximadamente se encuentran sin contrato fijo. Para mitigar la situación, el departamento está perfilando ya con las comunidades autónomas una batería de medidas.
