Cuando el mercado eléctrico mayorista fue liberalizado en 1998, el objetivo era que las empresas eléctricas tomaran las decisiones de inversión, asumiendo que ello llevaría a la minimización del coste de suministro, en beneficio de los consumidores. Sin embargo, desde entonces, los sucesivos gobiernos no han podido resistir la tentación de intervenir para “dirigir” las decisiones de las empresas.
