Los carteles se amontonan uno encima del otro en los tablones que hay alrededor de la Plaça Major de Badia del Vallès (Barcelona, 13.000 habitantes). Los hay del No a la guerra, de citas célebres de autores literarios e incluso denuncias sociales. Pero los vecinos comentan uno que llama a la población a acudir el sábado delante del Ayuntamiento para participar en el rodaje de una película sobre el municipio. “¡Huy si hay para contar!“, dice Carmen. Solo el nacimiento de Badia ya es peculiar. El municipio fue proyectado en la década de 1960 en el Instituto de la Vivienda franquista como una zona exclusivamente de vivienda de protección oficial (VPO) que debía para solventar la crisis habitacional que sufría el área de Barcelona. La localidad, a unos 12 kilómetros de la capital catalana, acaba de festejar que hace medio siglo llegaron sus primeros vecinos. Esos 50 años, sin embargo, debían suponer otro hito. Badia debía haber dejado atrás el pasado 6 de febrero de 2026 su pasado de polígono de VPO al liberar las últimas 1.216 viviendas protegidas que quedaban tras un proceso de descalificación que arrancó en 2023. Pero un mes antes, la Generalitat decidió que esos pisos iban a seguir siendo protegidos —y, por tanto, sin posibilidad de venderse a precio de mercado— al hallarse en zona una tensionada por la crisis de la vivienda, lo cual ha puesto a los vecinos en pie de guerra.