“Estoy fuera y necesito que hagas una transferencia urgente para cerrar un negocio con un nuevo proveedor. Es confidencial. Confío en ti”. Esta llamada puede ser el gancho para caer en el fraude del consejero delegado. La treta funciona así: un empleado recibe un correo o una llamada de un jefe —cabe recordar que la inteligencia artificial (IA) permite clonar voces con relativamente pocos medios— para hacer una transferencia, facilitar un número de cuenta o cambiar los datos de una factura. El carácter urgente y la sensación de que el problema solo puede solucionarlo esa persona son dos elementos de alarma, de tal forma que el operario llega a la convicción de que realmente es un asunto de vida o muerte, solo él tiene la llave para cerrar el trato; en ese punto ha caído en la trampa.
El papel de los bancos
Son los bancos los que, en última instancia, dan luz verde a la fuga del dinero a las cuentas de los estafadores. ¿Pueden entonces ser señalados como responsables? La respuesta es sí. La jurisprudencia dice que las entidades deben extremar las precauciones con las operaciones sospechosas. La pregunta en el aire es hasta qué punto se entiende que llega este deber de diligencia. En abril, el Tribunal Supremo dejó claro que la banca debe contar con sistemas para detectar operaciones sospechosas. De no contar con estas cortapisas, las entidades pueden ser emplazadas a responder por el fraude.