El Tribunal Supremo dio una buena noticia en 2015 a quienes habían contratado una hipoteca. Sentenció la posibilidad de declarar “abusivas” diversas condiciones que los bancos imponían a los clientes cuando formalizaban préstamos para cobrar vivienda. El fallo abrió la puerta a reclamar cláusulas como la que obligaba a pagar los gastos de notaría, registro y asesoría. Eso es lo que hizo Jesús Pérez, de 56 años, quien decidió acudir a su entidad bancaria en Benalmádena (Málaga) para que le reembolsaran ese dinero. Creyó que sería sencillo, pero se equivocaba: “Pensaba que con todos los datos que tenía me lo iban a devolver sin tener que insistir, pero el banco era como una pared”, relata. La primera reclamación la realizó en 2017 y no ha sido hasta septiembre de 2025 cuando por fin un juez le ha dado la razón: le tendrán que devolver unos 3.300 euros tras un camino de ocho años que describe como sembrado de complicaciones y estrés.
