Los auditores han encendido las alarmas ante la reciente propuesta del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de modificar los límites para que una compañía tenga que ser auditada obligatoriamente, lo que supone —según estimaciones del mismo Gobierno— que alrededor de 4.000 firmas queden exentas del examen a sus cuentas anuales. El ministerio de Carlos Cuerpo presentó el Anteproyecto de Ley por el que se alteran los criterios de tamaño de las empresas o grupos de empresas a efectos de información corporativa, que ya ha pasado por dos fases de consulta pública. La principal novedad del texto es que las pautas que toman como referencia el valor de los activos y de la facturación de las empresas se incrementen un 25%. Esta situación ha despertado una gran preocupación entre los censores de cuentas que alertan de una posible merma en la transparencia económica si sale adelante una medida que, además, supondría una pérdida de negocio para estos profesionales.
