La solidez financiera del sistema de pensiones, cuestionado recientemente por la Autoridad Fiscal (AIReF), depende de una balanza entre ingresos y gastos que el Gobierno ha tratado de equilibrar en los últimos años aumentando la financiación estatal a costa de elevar las cotizaciones, y buscando que aquellos en edad de trabajar decidan retrasar su retiro y, por tanto, permanezcan más tiempo aportando que recibiendo. Y, de acuerdo con los últimos registros oficiales del Ministerio de Seguridad Social, la decisión de alargar la etapa laboral más allá de la edad legal de jubilación ―actualmente de 65 años para aquellos con 38 años y 3 meses de cotización o más, y de 68 para los que tengan carreras más cortas― se está extendiendo, hasta el punto de que una de cada diez personas que se jubila hoy lo hace más tarde de la edad a la que podría hacerlo.
