Más de 300.000 hogares en España afrontan estos meses la revisión de sus contratos de alquiler. La cifra la conforman aquellos inquilinos que firmaron durante el inicio de la recuperación pospandémica, cuando el mercado de la vivienda se reactivó con fuerza tras el parón sanitario. Cinco años después, la ley establece que los acuerdos pueden actualizarse en el caso de las viviendas de personas físicas, que son mayoría. El panorama, sin embargo, ha cambiado mucho desde entonces. La demanda de casas se ha disparado y, en consecuencia, también lo han hecho los precios, por lo que muchos inquilinos se enfrentan a una presión residencial mayor. Es el caso de Alejandra Ramos, diseñadora de 32 años. Su contrato, en un barrio cercano al centro de Madrid, finaliza en julio y su casero ya le ha comunicado que la renta pasará de los 850 euros iniciales a los 1.100 euros. Asume que tendrá que dejar el piso: “Es muy difícil afrontar la subida”.
