A punto de cumplirse dos años desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, el Ejecutivo ha decidido dar un paso más en su afán por garantizar que las comunidades cumplan con la normativa. Este miércoles, la ministra Isabel Rodríguez ha anunciado la habilitación de una partida extraordinaria de 35 millones de euros, que se transferirá a las regiones que hayan declarado —o estén tramitando— zonas tensionadas. La derrama económica solo beneficiaria, al menos por ahora, a cuatro comunidades: Cataluña, País Vasco, Navarra y Asturias, que son los únicos territorios que hasta el momento han puesto en marcha dicha disposición o están en vías de tramitarlas. El resto del mapa autonómico, gobernado por el Partido Popular, mantiene su rechazo frontal a la norma, argumentando una invasión competencial o cuestionando su efectividad.