El Ministerio de Transportes está en puertas de una batalla judicial sin precedentes contra algunos de sus grandes contratistas. El motor principal de la inversión pública, Adif, se prepara para reclamar el daño patrimonial por la actuación de una docena de compañías en cártel para repartirse licitaciones públicas de electrificación de las líneas ferroviarias convencionales y de alta velocidad. Las adjudicaciones a ese grupo (líneas aéreas de contacto, catenarias, alimentación eléctrica, subestaciones, equipos electromecánicos, etcétera) alcanzaron los 1.200 millones de euros repartidos en más de 250 contratos.
