España goza de buena salud laboral. La ocupación están en máximos y la tasa de paro, aunque aún es la mayor de la Unión Europea, notifica su mejor dato desde 2008. El momento macro es dulce en términos históricos, pero ello no impide que muchos empleados vivan episodios amargos. En 2023 hubo más de 600.000 despidos en España, según el Ministerio de Trabajo, la cifra más alta desde que hay registros. Y recibieron una indemnización media de unos 7.500 euros, la menor de la serie histórica.
¿Qué dice Estrasburgo?
El Consejo de Europa insiste: España no cumple la Carta Social Europea en las indemnizaciones por despido improcedente. A esa conclusión llegó el Comité Europeo de Derechos Sociales el año pasado, ante una reclamación de UGT, y ha vuelto a hacerlo ahora ante la de CC OO. El núcleo del dictamen, según fuentes conocedoras del mismo, subraya que la indemnización tasada en días de España incumple el mencionado tratado, que España ratificó en 2021. En concreto viola la sección b) del artículo 24 de la Carta Social Europea, que establece el “derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. El máximo de 33 días por año trabajado y 24 mensualidades, sobre todo en relaciones laborales cortas, puede conducir a indemnizaciones ínfimas.
El Ministerio de Trabajo ha vuelto a repetir que pretende reformar esta normativa, siguiendo las recomendaciones de Estrasburgo, una modificación que apoyan los sindicatos y de la que no quieren saber nada ni el Ministerio de Economía ni las patronales. PSOE y Sumar se comprometieron en su programa de Gobierno a abordar una reforma en los siguiente términos: “Establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea”.