La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 16.576 euros —una mejora de 700 euros al año— ha quedado opacada por las discrepancias internas en el Gobierno acerca de su tributación en el IRPF. El Ministerio de Hacienda, tras varias semanas estudiando las opciones, ha tomado la decisión de no acompasar el impuesto sobre la renta con la mejora retributiva como había hecho otros años. Esto provocará que parte de los perceptores tengan que tributar por vez primera por el SMI. El PSOE defiende esta vía y argumenta que el salario mínimo ha subido un 61% desde 2018 y que ha ido acompañado de varias rebajas fiscales. Al subir el nivel, cada vez hay más trabajadores afectados, por lo que ya habría llegado el momento de que empezara a tributar en el IRPF. Al otro lado, se encuentran una amalgama política compuesta por Sumar, por los socios de izquierdas de la coalición y por el principal partido de la oposición, el PP. Todos exigen una nueva actualización del impuesto sobre la renta para dejar exento el aumento del SMI y prometen dar la batalla para lograrlo. La razón es que los trabajadores afectados por el alza fiscal, aunque sean relativamente pocos, tendrán que pagar a Hacienda 300 euros de la subida, es decir, un tipo impositivo de cerca del 43% debido a una anomalía técnica del impuesto.