Las comunidades autónomas prevén sacar partido económico de un mercado inmobiliario que vuelve a animarse y que en 2025 apunta a superar incluso las cifras del año 2022, cuando en España se superaron las 650.000 transacciones de vivienda por primera vez desde el estallido de la crisis financiera y la burbuja inmobiliaria. Los 11 gobiernos regionales que por ahora han presentado un proyecto de Presupuestos Generales para este año prevén un aumento de los ingresos de más del 25% a través de los impuestos de transmisiones patrimoniales (el ITP) y de actos jurídicos documentados (AJD), los tributos que, en esencia, gravan la compraventa de casas de segunda mano, que son las mayoritarias del mercado. En cifras, la previsión conjunta implica llegar a los 6.000 millones de euros de recaudación, cuando en 2024 el mismo grupo rondaba los 4.700 millones.
