La hotelera balear RIU ha decidido poner punto final a la batalla legal que mantenía con el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), dependiente del Ministerio de Hacienda, por una deducción aplicada en el impuesto de Sociedades durante los años 2007, 2008 y 2009, al optar por no presentar un recurso de casación ante la Audiencia Nacional contra la sentencia de noviembre de 2022, en la que esta desestimaba la demanda presentada por la hotelera balear.
El Constitucional ha ordenado el derribo de un hotel en Fuerteventura
La otra gran batalla legal que mantiene RIU con el Ejecutivo central se centra en el posible derribo del hotel Riu Oliva Beach, ubicado en dominio público marítimo terrestre en el parque natural de las Dunas de Corralejo (Fuerteventura). El Ministerio de Transición Ecológica defiende que la concesión para operar en ese espacio protegida ha caducado y que por lo tanto hay que proceder al derribo del mismo, mientras que la hotelera defiende que la competencia para decidir sobre esa concesión no es del Ejecutivo estatal, si no del autonómico, alineado con sus intereses. De hecho, el presidente canario, Fernando Clavijo, presentó un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, que fue finalmente desestimado el pasado mes de septiembre. El derribo, sin embargo, tendrá que esperar. RIU ultima su estrategia legal para defenderse en los tribunales con la interposición de una demanda que paralizará la resolución de ese conflicto de competencias.