Atrapado por sus socios a izquierda y derecha, el Gobierno de coalición tiene muy complicado sacar adelante el conjunto de la reforma fiscal que llevaba semanas planteando. La caótica y rocambolesca Comisión de Hacienda, celebrada el lunes en el Congreso de los Diputados entre un sinfín de recesos y negociaciones paralelas de última hora, logró consensuar entre los partidos que dan soporte al Ejecutivo un dictamen de mínimos que tendrá que debatirse en el Pleno del jueves. Será difícil lograr darle forma dado el antagonismo en materia fiscal del PNV y Junts, a un lado, y ERC, Bildu, BNG y Podemos, al otro. Hasta entonces, el grueso de las aspiraciones del PSOE y Sumar, entre las que se encontraban una subida fiscal al diésel y la extensión de los impuestos extraordinarios sobre las grandes empresas de banca y energéticas, están técnicamente fuera. Ello implica dejar en el aire más de 4.000 millones de euros al año en ingresos, un revés en toda regla para las pretensiones del Ministerio de Hacienda.
