El Ministerio de Trabajo llevará mañana al Consejo de Ministros una reforma del Estatuto de los Trabajadores que establecerá la nulidad de cualquier despido que se produzca como represalia contra un trabajador que denuncie un caso de corrupción en el seno de la empresa. De esta forma, estas situaciones tendrán la misma protección que la vulneración de los derechos fundamentales del trabajador. La norma prevé para ello la modificación de los artículos 4, 12.2, 27, 53 y 55 del Estatuto.
