La sentencia del Tribunal Supremo por la que ha tumbado el Registro Único de Alquileres de corta duración, impulsado por el Ministerio de Vivienda y gestionado por Registradores de la Propiedad, supone un cambio de situación para unas 111.000 viviendas. Ese es el número que vieron como su solicitud de inscripción era rechazada por incumplir algún criterio cuando intentaron obtener el permiso para arrendarse a turistas o por temporadas, las dos situaciones que preveía el registro único. Más de la mitad de las solicitudes fueron rechazadas porque los estatutos de la comunidad de propietarios no permitían apartamentos turísticos, aunque algunos sí contaban con el permiso autonómico correspondiente para esa actividad.