Kim Rivers (Jacksonville, Florida, 48 años), fundadora y CEO de la empresa cannábica Trulieve, nunca olvidará el 18 de diciembre de 2025. La empresaria de Florida fue una de las invitadas al Despacho Oval de la Casa Blanca cuando Trump firmó el decreto histórico para reclasificar la marihuana en Estados Unidos como una droga de menor peligrosidad, pasando de la Lista I a la Lista III de la Ley de Sustancias Controladas. La orden del presidente, que se materializó la semana pasada, no legaliza la marihuana recreativa en el país, pero permite a compañías como la de Rivers operar con mayores beneficios fiscales y abrir la puerta a la investigación científica y médica de una industria valorada en más de 30.000 millones de dólares (25.530 millones de euros).
Favores políticos y un escándalo judicial
El marido de Kim Rivers, John ‘J.T.’ Burnette, fue condenado en 2021 a tres años de prisión y a pagar una multa de 1,25 millones de dólares, por cargos de corrupción relacionados con sobornos a funcionarios de Tallahassee y maniobras para influir en decisiones públicas, que afectaban a proyectos inmobiliarios y a regulaciones estatales. Además, se le acusó de intentar influir en legislación estatal, incluida normativa relacionada con el sector del cannabis, buscando introducir requisitos regulatorios que beneficiaran a ciertos actores y dificultaran la entrada de competidores. Rivers no fue investigada ni implicada en los hechos. Recibió un respaldo inmediato por parte de la junta directiva de Trulieve, lo que la ayudó a mantenerse al margen del escándalo y a conservar su posición sin que su reputación profesional se viera afectada.