Nuevo varapalo a Santa Bárbara, firma de defensa propiedad de la estadounidense General Dynamics, en su lucha por acceder a los fondos públicos liberados por el Gobierno para acelerar en la estrategia de modernización militar. El Tribunal Supremo rechazó este lunes la medida cautelar que Santa Bárbara había solicitado en la batalla judicial que emprendió contra Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Se opone así a suspender las ayudas públicas de 3.002 millones de euros que el Ejecutivo concedió a esta unión temporal de empresas (UTE). La semana pasada, Defensa ya rechazó un recurso de alzada contra la asignación de dos contratos por importe de 7.240 millones, lo que obligará a Santa Bárbara a acudir a la Audiencia Nacional.
