Uno de los efectos colaterales que está provocando la crisis de la vivienda es que está limitando drásticamente la movilidad laboral, especialmente hacia lugares turísticos. O dicho de otra forma: encontrar trabajadores en muchas zonas del país ―uno de los casos más sangrantes es el de Baleares― es una tarea prácticamente imposible porque no tienen dónde quedarse. Los sindicatos CC OO y UGT han planteado este martes una solución a este problema que afecta directamente al Estado y a las Administraciones territoriales competentes: las centrales reclaman que en las próximas promociones de vivienda pública se reserve un porcentaje mínimo para atender estas necesidades temporales de alojamiento de muchos asalariados. La demanda forma parte de un decálogo de medidas sobre vivienda que ambas centrales han presentado conjuntamente este martes en Madrid.
