La intervención del Gobierno en Indra, empresa de la que posee el 28% del capital a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), llegó este miércoles al desenlace que buscaba La Moncloa desde hace algunos meses: la dimisión de su presidente, Ángel Escribano. La empresa de defensa y tecnología paga un alto precio por el súbito cambio de parecer del Ejecutivo: por el camino se ha frustrado la fusión con EM&E, la empresa de la familia del presidente saliente, que ahora mantiene conversaciones que pueden llevarla a integrarse con la alemana Rheinmetall. En el último mes, las acciones de Indra (que habían ganado un 184% el pasado año, las más alcistas del Ibex) se han dejado un 22% de su valor, dado que el mercado apostaba por una fusión con EM&E que tenía todo el sentido industrial y aspiraba a crear el “campeón nacional de la defensa”, en palabras de los miembros del propio Gobierno. La SEPI argumentó el conflicto de intereses que afectaba a Escribano para pedir su salida, pero durante nueve meses apoyó sin expresar reserva alguna el plan ahora desbaratado.
