La inclusión de soluciones basadas en inteligencia artificial (IA) en nuestra vida cotidiana está generando una tormenta social, plagada de temores —en su mayoría legítimos— a los que las instituciones públicas intentan dar respuesta desde la regulación. En su afán por proteger al ciudadano de los impactos más nocivos de la IA, los reguladores públicos suelen pasar por alto un punto de partida fundamental: entendemos poco sobre la forma en que operan estas tecnologías. Tenemos límites cognitivos reales, muy serios, que nos lastran frente a la comprensión de los sistemas matemáticos hipercomplejos que caracterizan a la IA. Por ende, si no admitimos nuestras limitaciones y aceptamos que somos incapaces de comprender estas herramientas en su totalidad, vamos a seguir diseñando normativas que imponen exigencias inalcanzables y que son imposibles de aplicar de manera efectiva.