El Día de Todos los Santos esta vez fue especial. El viernes 1 de noviembre, mientras millones de españoles viajaban al pueblo para rendir tributo a sus difuntos y decenas de miles de valencianos seguían retirando barro de sus calles y buscando los cuerpos de personas desaparecidas, en un discreto despacho del Paseo de la Castellana de Madrid se reunía un gabinete de crisis para hacer frente a la mayor catástrofe natural que ha vivido hasta la fecha el sector asegurador español. En la sede del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) debatían sobre cómo afrontar una avalancha de solicitudes de indemnización. Durante los primeros días, el registro de expedientes recibía peticiones a un ritmo frenético: un parte nuevo cada seis segundos. Una semana después, el Consorcio ya tenía una estimación de cuánto tendrían que pagar a los afectados: alrededor de 3.500 millones de euros. Una cifra nunca vista.