La reducción de jornada a 37 horas y media semanales está al borde de un precipicio. Aún vive, pero puede despeñarse en menos de una semana si Junts no retira su enmienda a la totalidad al proyecto. Ese texto se expresa en unos términos difíciles de conciliar con un futuro respaldo. “La viabilidad de las pymes se puede ver gravemente perjudicada por esta imposición rígida de la reducción de la jornada”, dice. Pese a esta enmienda de los independentistas, que si nada cambia se votará el próximo miércoles (y triunfaría si la respaldan PP y Vox), Trabajo mantiene la esperanza de que Junts cambie de parecer. Para ello, el ministerio ha puesto sobre la mesa varios argumentos de índole laboral con los que confía, aunque cree que hay mucho trasfondo político, en convencer al grupo de Carles Puigdemont. Las que han trascendido son la recuperación de las millonarias ayudas para pymes y medidas contra el absentismo como las que reclamaba la patronal catalana Pimec. Por si no bastan, se suma una amenaza: la de endurecer el registro horario de forma unilateral, algo para lo que el Gobierno no necesita al Congreso.