El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla la Mancha ha avalado que una mujer de 59 años, con un grado de discapacidad del 65%, mantenga una pensión no contributiva pese a vivir en la misma casa que su exmarido. La Administración pública le había retirado este subsidio porque los ingresos de su unidad familiar, entre los que incluía lo percibido por su hija y por su exmarido, superaban el límite que establece la ley para otorgarlo.
