El Gobierno ha dado los primeros pasos para crear un marco que consiga atajar el multimillonario fraude del IVA en el sector de los carburantes, un problema que lleva años lastrando la recaudación pública y desvirtuando la competencia del mercado en España. En diciembre, el Ejecutivo y sus socios aprobaron en el Congreso una iniciativa para corregir aspectos técnicos que permitan combatir este tipo de tramas. Ahora, el Ministerio de Hacienda ha elevado a consulta e información pública el desarrollo legal del plan, al que se podrán presentar observaciones hasta el 3 de julio. El eje central de las medidas se basa en dos mecanismos: el pago anticipado del IVA a la Agencia Tributaria mediante un nuevo modelo de declaración o la exigencia de avales por el 110% del impuesto correspondiente para las empresas que no puedan adelantar el dinero.