El pasado mes de septiembre, el gobernador de California, Gavin Newsom, vetó un proyecto de ley de seguridad de la inteligencia artificial, y la Real Academia Sueca de Ciencias le entregó el Premio Nobel de Química a David Baker, profesor de la Universidad de Washington, y a Demis Hassabis y John M. Jumper, empleados de la subsidiaria DeepMind de Google y de su empresa derivada Isomorphic Labs. Tal vez parezca que estos dos episodios tienen poco en común, pero juntos sugieren que externalizar el futuro de la humanidad a corporaciones privadas que maximizan el lucro es algo a celebrar. Si bien el proyecto de ley de California no era perfecto, representaba el primer esfuerzo sustancial para hacer que los desarrolladores se hicieran responsables de los potenciales perjuicios que sus modelos de inteligencia artificial (IA) pudieran causar. Asimismo, se centraba no solo en cualquier riesgo sino en el “perjuicio crítico”, como el desarrollo de armas de destrucción masiva o la generación de un daño, como mínimo, de al menos 500 millones de dólares.
