El apagón del pasado 28 de abril ha reavivado el debate sobre el calendario de cierre de las plantas nucleares. Aunque la hoja de ruta ya está trazada, y fue acordada entre el Gobierno y el sector, las dueñas de las centrales llevan un tiempo pidiendo revisar los plazos. Reclaman además una rebaja de impuestos y tasas, unas pretensiones —respaldadas por grupos políticos, con el PP en primera fila— que añaden una pregunta adicional a la conveniencia estratégica de mantener la generación nuclear más allá de lo previsto: ¿quién asumiría el coste de la prórroga?
