Más de dos millones de funcionarios y sus familiares siguen desde hace un mes con máxima expectación lo que ocurre con el modelo Muface, que les ha permitido hasta ahora escoger cada año si quieren tener atención sanitaria pública o a través de una aseguradora concertada. La decisión de Adeslas, Asisa y DKV de no presentarse a la última licitación ha dejado en el aire la continuidad de esta fórmula de colaboración público-privada, tras 49 años de funcionamiento. La renovación de los conciertos con la mutualidad de los militares (Isfas) y la de la Administración de Justicia (Mugeju) también ha quedado suspendida provisionalmente. Más allá de estos tres convenios —con 2,2 millones de personas implicadas—, el Gobierno tiene otra patata caliente sobre la mesa: el concierto de Muface Internacional, que da cobertura sanitaria a casi 8.000 funcionarios que trabajan en el extranjero, ya sea en embajadas, consultados o en las sedes en otros países del Instituto Cervantes.
Función Pública prepara un informe de las propuestas recibidas
Las aseguradoras interesadas en seguir participando en el concierto de Muface entregaron el miércoles al Ministerio de Función Pública las condiciones bajo las que seguirían prestando este servicio. DKV pidió un 40% de mejora de las primas, frente al 17% de mejora que propone el Gobierno. Asisa se mostró más comprensiva, y Adeslas envió una carta a los órganos de la Administración competentes para reiterar que “es necesaria una financiación adecuada del modelo”.
El departamento dirigido por Oscar López (que se ha postulado para dirigir la Federación Socialista Madrileña) está ahora analizando toda la información recabada para elaborar un informe al respecto. Después, se subirá a la plataforma de la contratación pública la propuesta de licitación. Todo el sector espera que haya una mejora, para tratar de seducir a las aseguradoras y desbloquear la situación.
Los plazos son cada vez más ajustados. Se espera que en el nuevo concurso público se establezca un plazo que coincida practicamente con el fin de año. Desde el 1 de enero de 2025 el convenio actual estaría vencido, aunque las aseguradoras tienen la obligación de dar servicio hasta finales de ese mes. Si ninguna compañía se presentara, el Ministerio de Función Pública forzaría una prórroga forzosa que le permitiría obligar a Adeslas, Asisa y DKV a seguir prestando atención médica hasta el 30 de septiembre.