Los temores, todavía nebulosos, apuntados por las principales corporaciones y líderes del mundo implicados en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) deberían despertar a las administraciones públicas, poco activas a la hora de abordar los riesgos que incorpora una tecnología tan disruptiva. Los gobiernos, por ejemplo, se han mostrado hasta ahora diletantes a la hora de plantear siquiera una reflexión seria sobre el ya evidente impacto laboral que tendrá una herramienta revolucionaria. La inquietud por la fractura social, de hecho, circula más entre las empresas que entre los líderes políticos. En el ámbito académico se ha puesto sobre la mesa, por ejemplo, propuestas como trabajar menos días por semana, una renta universal o que puedan tributar las licencias de modelos de IA. Hay muchos más efectos preocupantes de esta tecnología por medir: para la privacidad de los usuarios o para la salud mental de los menores, por no mencionar el riesgo de manipulación política por un oligopolio empresarial. Estas realidades, sin embargo, no han logrado permear un debate político gestionado desde el cortoplacismo.
