La invasión de Ceuta por unas 80.000 personas, mayoritariamente marroquíes, ha generado una crisis social en la ciudad y política en todo el país, cuyo alcance está aún por delimitar. Lo más llamativo de esta crisis es el interés del Gobierno de España en exculpar al Ejecutivo de Marruecos de cualquier participación, por acción u omisión, en una movilización tan masiva y concentrada, algo que choca con el sentido común y que empieza a ser desmentido en informes policiales españoles. Si se admitiera la participación del Gobierno marroquí, el español se vería obligado a tomar medidas de represalia contra el país vecino. El problema está en que la interconexión de los dos países es tan grande que es difícil apretar las tuercas a Marruecos sin hacerse daño a sí mismo.