En 2007, cuando los perros se ataban con longanizas, España impulsó un sistema de primas a las renovables que garantizaba, de facto, su rentabilidad. Esto fue la gasolina de una burbuja que la Gran Crisis explotó y que –primero– Zapatero y –especialmente– Rajoy terminaron por enterrar. Miles de inversores se quedaron en la estacada, pero, como se acostumbra, algunos más que otros: a los españoles –muchos de ellos familias y pequeños ahorradores–, el Supremo les recordó que no existe un derecho a la rentabilidad inalterable y que invertir es, también, arriesgarse. Ni vieron, ni verán, un solo euro. Los comunitarios, que se acogieron primero a los tratados de inversión, vieron sus aspiraciones limitadas en la UE, a pesar de haber logrado laudos favorables en los tribunales arbitrales, y se lanzan ahora a lograr la ejecución de estas decisiones fuera de la Unión, y evitar así el muro de Bruselas. Mientras, los inversores extracomunitarios van logrando pequeñas victorias fuera del bloque, que redundan en embargos de bienes españoles en el extranjero. A todo este entuerto, que se arrastra ya desde hace casi dos décadas, le quedan unos cuantos coletazos.
