El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre la regulación que afecta a los vehículos de transporte con conductor (VTC) ―operados en España por Uber, Cabify y Bolt― y ha anulado la obligación impuesta a los titulares de las licencias de remitir a la Administración las tarifas que aplican a sus servicios por tratarse de una medida desproporcionada e innecesaria para la protección de los derechos de los usuarios. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha resuelto esta cuestión a raíz de un recurso planteado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra la medida impuesta por la Región de Murcia en 2021, pero los efectos de la sentencia son extensibles a todas las comunidades autónomas que fijen una norma similar.