La empresa de repartidores Glovo se encuentra en el punto de mira de la justicia italiana por sus prácticas laborales. Las autoridades del país transalpino, por petición de la Fiscalía de Milán, han puesto bajo supervisión judicial a Foodinho SRL, la filial italiana de la multinacional fundada en Barcelona que gestiona el reparto a domicilio, a la que acusa de explotar a los repartidores. En la práctica, esta medida implica el nombramiento de un administrador judicial que supervisará y controlará la sociedad mientras se investigan los hechos. El organismo público ha emitido por la vía de urgencia un decreto para intervenir la empresa, al que ha tenido acceso EL PAÍS. El control judicial busca poner fin a una situación de ilegalidad y corregirla.
